Desde siempre, los viajeros que han visitado España se han admirado de nuestra particular idiosincrasia y de los numerosos contrastes que, a ojos de los ignorantes, pudieran parecer contradicciones e incluso estupideces.
Hoy me ha llamado la atención uno de esos hechos que serían impensables en ningún otro país del mundo. Resulta que el Tribunal Supremo envía a la cárcel a unos españoles por el terrible delito de interrumpir de forma pacífica un acto político en el que se defendía la destrucción de nuestra integridad territorial.
Hasta en las repúblicas más bolivananeras, a cualquiera que propugne la secesión de una región se le tiene por un delincuente, y se considera un acto de elemental patriotismo reivindicar la unidad nacional y la soberanía.
Aquí, sin embargo, se persigue judicialmente a quien enarbola la Bandera Nacional frente al separatismo. Es uno de tantos misterios judiciales que los ignorantes profanos pudieran confundir groseramente con la iniquidad más sectaria y la traición más babosa.
Hay quien, en su ignorancia de los arcanos constitucionales de una democracia avanzada como la nuestra, no entiende que los mismos jueces que consideran que quemar una efigie del Jefe del Estado es una simple muestra de libertad de expresión, condenen a unos patriotas por reivindicar su derecho a una Patria unida.
Algún malpensado pudría llegar a tener la errónea impresión de que algunos jueces, en lugar de ecuánimes y ejemplares tutores de la equidad y el Derecho, son en realidad unos estómagos agradecidos y unos canallas que, con tal de mantenerse en el cargo, obedecen sumisamente las consignas de los políticos hijos de puta que los han designado.
J.L. Antonaya
