15 jun 2014

Putas, camellos y actividad económica.

En el asombroso Patio de Monipodio de la política española, cada vez es más difícil distinguir entre la parodia y el original. Cuando se escucha una noticia relacionada con la banda de salteadores encaramada a parlamentos, ministerios, juzgados, ayuntamientos, televisiones y demás antros de mala reputación, nunca se está seguro de si estamos ante un chiste de humor negro, una reseña de espectáculos para adultos o una crónica de actualidad política.

 Hace unos días se publicaba la noticia de que en algún sarao donde se reunía lo más granado de nuestra cleptocracia parlamentaria, incluyendo a jerarcas del Banco Santander, Endesa y ralea similar, Mº Teresa Fernández de la Vega, la ex-vicepresidenta del gobierno de Zetapé, elogiaba, supongo que entre grandes carcajadas del público, la figura de la reina por su "labor y compromiso con los más desfavorecidos" (sic). No es broma.
 Me imagino a la infanta choriza aplaudiendo el fino sentido del humor de la pellejuda dama zapaterina y susurrándole a Urdangarín alguna coña sobre su desfavorecimiento. Éste es el nivel.
Por eso, cuando he escuchado la noticia de que nuestro sabio gobierno pretende clasificar como actividad económica cosas como la prostitución y el narcotráfico, al principio he pensado que se trataba de un sketch de la Noche de José Mota, pero no; al parecer la propuesta va en serio.
Pensándolo bien, la cosa no es tan disparatada. Al fin y al cabo, si comparamos el nivel moral de la mayoría de los cargos públicos con el del hampa tradicional, las prostitutas, camellos, sicarios y demás profesionales de estos gremios son un ejemplo de probidad y honradez al lado de cualquier concejal de urbanismo, ministro, juez, banquero o líder sindical de nuestro ecosistema. 
Parece ser que este invento no es, al final, más que una argucia para aumentar las cifras del PIB. Con este truco del almendruco, junto a otros malabarismos contables, nuestro PIB aumentará un 4,5 %. Milagros económicos de la política neoliberal. Nuestros políticos siguen tomándonos, sospecho que no sin razón, por gilipollas.
En mi ignorancia de la ciencia económica y tributaria, me asaltan algunas dudas sobre este asunto. Por ejemplo: ¿Estarán los puteros obligados a realizar retenciones a cuenta del IRPF cuando paguen un servicio de las damas de ingle fácil? ¿A quién tendrán que extender la factura los asesinos a sueldo? ¿En qué epígrafe hay que incluir a los narcos? ¿Parafarmacia o actividades recreativas? Los cursos de formación para la trata de blancas ¿los impartirán los sindicatos o la patronal? Los matones de las Tríadas o de la mafia colombiana, ¿podrán ejercer como Inspectores de Hacienda? 
Estoy convencido de que nuestra esforzada clase política y nuestros eminentes asesores ministeriales darán respuesta a estos interrogantes con la eficacia que les caracteriza. Al fin y al cabo, la regulación de estas actividades afectará a la economía de sus señoras madres y hermanas.   

J. L. Antonaya
  

  

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